Sergio Goransky, concesionario de Playa Grande, cuestionó en la justicia el decreto que el ex intendente firmó en su último día en el cargo para autorizar el comienzo de las obras para establecer un boliche en el estacionamiento del complejo.
Sergio Goransky, concesionario de Playa Grande, amplió este miércoles la denuncia penal que había presentado contra Carlos Arroyo por la firma del acta transaccional que le permitía a Playa Azul SA, permisionaria del estacionamiento del complejo, habilitar un boliche a cambio de tres obras.
La ampliación extiende la denuncia a Luis Distéfano, hasta ayer secretario de Educación, el único funcionario que refrendó el decreto 3256 de Arroyo, firmado el 9 de diciembre –la noche anterior a dejar el mando– a través del cual se aprueba el Legajo Técnico de Obras -cursado a través del expediente N° 12.259-1-19- que habilita el comienzo de ejecución de obras de construcción de una confitería en la UTF (Unidad Turística Fiscal) Estacionamiento de Playa Grande.
Según la denuncia, eso “los hace incurrir en el tipo penal de abuso de autoridad en su calidad de autores, por haberlo hecho con la única finalidad de beneficiar arbitrariamente a la firma Playa Azul S.A., y teniendo como víctimas a Cubro SA y Playas del Sol SA -entre otras concesionarias del consorcio de Playa Grande- por verse damnificadas de forma improcedente en relación al sinalagma contractual licitatorio por no haber podido prever en sus ofertas el ingreso de la concesionaria de la Unidad Turística Fiscal Estacionamiento a competir por el público en dicho rubro en el Complejo Playa Grande, traduciéndose ello concretamente en un grave perjuicio patrimonial”.
De acuerdo al denunciante, que actúa con el patrocinio legal de César Sivo, “el acceso al expediente en cuestión pareciera estar restringido y se ha tornado de difícil acceso”. Y relató que “el día 9 de diciembre la Contaduría General del municipio recomendó a través de un dictamen de puño y letra que previamente debía expedirse la Subsecretaría de Legal y Técnica (…). Todo ello nos permite avizorar que ningún funcionario quería ser responsable de avalar la decisión a la que el intendente municipal los empujaba a tomar”.
Luego, apuntó: “Llegadas las horas de la tarde, el por entonces intendente reunió a todo el personal de planta política que cumple funciones en la Municipalidad para realizar su arenga de despedida en el hall del palacio municipal. Luego de ello, se retiró a su despacho, y ya entrada la noche realizó su último acto de gobierno: rubricó el decreto Nº 3256/19″.
“Este esperpento jurídico fue refrendado entre las 21 y 23 horas por el entonces secretario de Educación municipal, el profesor Luis Distéfano, quien fue designado por Arroyo para suplantar al Secretario de Obras excusado”, agrega la denuncia.
Por todo eso, señala que “Arroyo ha proseguido con su plan delictivo a pesar de que todas las miradas se posaban sobre sí mismo y sin reparar en un mínimo de discreción”.
Así como la ampliación apunta contra el decreto, la denuncia original lo hacía contra el acta transaccional que le abrió el camino. Se trata del acuerdo firmado por Arroyo con Playa Azul, que en ese momento estaba a punto de perder la concesión del estacionamiento por incumplimientos en el pliego, a través del cual se estableció que el intendente admitiría el “uso gastronómico y complementarios” de la unidad turística fiscal si la firma realizaba tres obras: un Centro Municipal de Veterinaria y Zoonosis en Laguna de los Padres, la puesta en valor de un inmueble de propiedad municipal y la demolición de la Unidad Turística Fiscal N° 5 de La Perla.
“Habría que ser ciego para no comenzar a sospechar de que el Acta Transaccional esconde por detrás un millonario negociado que podría hacer incurrir a los funcionarios involucrados en delitos penales de mucha mayor envergadura que aquellos que están expuestos en la superficie y que pueden fácilmente probarse con la simple lectura del expediente”, asevera la denuncia.